El Govern de Cataluña ha recuperado el proyecto de ley de desamiantado que decayó en la legislatura anterior. El objetivo es retirar las unas 800.000 toneladas de fibrocemento repartidas en más de 122.000 cubiertas antes de 2032, empezando por los edificios públicos.
Qué propone
- Multas de hasta 100.000 € para los propietarios que no retiren la uralita degradada cuando lo pidan las autoridades.
- Censo municipal de todos los edificios con amianto.
- Certificado de presencia de amianto para edificios privados construidos antes de 2002, que podría ser obligatorio para vender o alquilar.
- Más puntos de recogida en deixalleries y vertederos controlados.
- Un fondo de hasta 10 millones al año en subvenciones para los municipios.
En qué punto está
El texto todavía debe tramitarse en el Parlament, donde los grupos pueden presentar enmiendas, así que las cifras pueden cambiar. Mientras tanto, siguen vigentes las obligaciones de la Ley 7/2022 de residuos y las ayudas de la Agència de Residus de Catalunya.
Si tienes uralita en mal estado, no esperes a que la ley obligue: con las ayudas actuales, una cubierta pequeña puede salir casi gratis. Lo explicamos en ¿es obligatorio quitar la uralita?
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