La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados obliga a todos los ayuntamientos a elaborar un censo público de instalaciones y emplazamientos con amianto, con un calendario para retirarlo de forma progresiva. El censo debe enviarse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales de cada comunidad autónoma.
Qué se prioriza
- El amianto en peor estado y con más riesgo de soltar fibras.
- Los edificios con población vulnerable: colegios, hospitales, centros de salud y residencias.
- Las instalaciones públicas de mayor riesgo, que deberían quedar libres de amianto antes de 2028.
Por qué van con retraso
El plazo inicial para tener el censo era de un año desde la entrada en vigor de la ley, pero muchos municipios, sobre todo los pequeños, no tienen medios técnicos ni presupuesto. Por eso algunas comunidades, como Extremadura o Castilla y León, han lanzado programas para ayudar a los ayuntamientos a hacer su inventario.
Qué significa para tu casa
Mientras se completan los censos, las comunidades de vecinos y los particulares no tienen un plazo legal general para retirar la uralita. Pero el censo es el primer paso para que el ayuntamiento fije plazos según el riesgo, así que si tu edificio tiene fibrocemento deteriorado, lo prudente es adelantarse. Si vives en una comunidad, te interesa leer amianto en comunidades de vecinos.
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